La Fiscalía Anticorrupción dispuso investigar la comisión del supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a un juez de primera instancia de la ciudad de Villa María, el que había sido denunciado por la legisladora Liliana Montero por su rol de inacción ante las continuas denuncias llevadas a cabo sobre lo que ocurrió en la colonia mental La Alborada de la ciudad de Bell Ville.
De acuerdo a lo dispuesto por el fiscal Gustavo Hildalgo, será investigado el juez Arturo Ferreyra, quien fue denunciado por Montero bajo la asistencia técnica del doctor Carlos Nayi.
Aún resta definir qué ocurrirá con otros funcionarios denunciados, desde el actual gobernador pasando por ex ministros, como el de Salud Carlos Simón, hasta el director del hospital regional de Bell Ville.
En la oportunidad se denunció el estado de desamparo material y moral en que se encuentran cientos de pacientes que padecen trastornos mentales y que son objeto de destrato, abusos sexuales, violacion de los derechos humanos, además de víctimas de hacinamiento, entre otros aspectos.
De acuerdo a la resolución de Anticorrupción, entre abril de 2012 y abril de 2013, Ferreyra de acuerdo a la competencia y atribuciones a su cargo, no habría hecho eje en los mecanismos pertinentes para que se observen los objetivos y finalidad establecida por la Ley Nacional de Salud Mental, que protegen a personas con enfermedades mentales.
La Mañana de Córdoba
