En la sesión del pasado miércoles, la alianza gobernante PROUCR presentó proyectos para derogar dos ordenanzas: la relativa a las residencias para adultos mayores y la que regula el funcionamiento e instalación de supermercados. El PJ se opuso a un contrato celebrado por el municipio en moneda extranjera y el vecinalismo advirtió sobre la judicialización de la política.
El bloque Juntos por Marcos Juárez integrado por PRO-UCR presentó en primer término un proyecto de derogación de la ordenanza que regula el funcionamiento de residencias para adultos mayores y propone adherir a la ley provincial 7872. Luego hizo el mismo planteo con la ordenanza sobre supermercados. La presidenta del cuerpo, Sara Majorel, fue la responsable de justificar la derogación de la ordenanza sancionada en 2011 y la vigencia de la ley 10124.
Para ello, leyó las irregularidades en las que se encuentran prácticamente todos los supermercados de la ciudad sobre falta de baños para discapacitados, lugares de estacionamiento, falta de aprobación de planos, superación de la superficie que determina el FOS (Factor Ocupacional del Suelo) y algunas excepciones que poseen, entre otras.
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