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Uepc aprobó oferta salarial y hubo represió

DLS-y-UEPC1806En una votación reñida y extensa, la Asamblea Provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), aprobó la propuesta salarial del gobierno de José Manuel de la Sota, con lo que se garantizó el inicio de las clases el próximo lunes. La jornada gremial quedó teñida por la represión policial que se desató en las afueras de la Casa del Docente, San Jerónimo al 560, con intervención de Guardia de Infantería. Anoche había cuatro personas detenidas.


El acuerdo implica un incremento salarial de entre el 31,8% y el 38,8%, en dos tramos, lo que lleva el salario inicial docente a $8.750 en el mes de julio. La Asamblea Provincial aprobó la moción por 66 votos a favor contra 42 en contra, con tres abstenciones. El lunes, en las asambleas departamentales, la conducción de la Uepc, a cargo de Juan Monserrat, había observado “paridad” en las posiciones sobre el acuerdo, con mandato de rechazo de los departamentos “grandes” como Capital, Río Cuarto, Punilla y Colón, entre otros. “Aunque fue una votación reñida, logramos esta suba salarial, que es una de las mejores del país”, aseguró Monserrat al finalizar la asamblea. El dirigente afirmó que “el debate fue durísimo” y que “hubo mucha presión, de parte de los compañeros que estaban en la puerta”, que integran la oposición a la oficialista lista Celeste.

Denuncian presión y traición
Según la dirigente Luciana Echeverría, del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), inicialmente la asamblea rechazó el acuerdo por una diferencia “dos votos”, lo que provocó que Monserrat “presionara” a los delegados departamentales a quienes les advirtió: “Ustedes no son meros carteros” de la posición de sus mandantes. “Entonces, muchos delegados, que son de la lista Celeste, cambiaron la moción y votaron a favor. Hubo mucha presión”, señaló la dirigente, que integra la oposición a la Uepc.

Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda, Laura Vilches, cuyo espacio forma parte de la opositora Lista Fucsia, dijo: “Tras cuatro horas de asamblea, y como el conteo de los mandatos daba rechazo a la oferta, Monserrat dijo que los delelados no eran carteros de nadie y que tenían derecho a tener su posición”. Además, Vilches indicó que el departamento Ischilín no tenía mandato, y que fue el delegado quien decidió cómo votar. “Se instó a que los delegados departamentales traicionaran sus mandatos”, sostuvo.

Fuente: La Mañana de Córdoba