La Provincia presentó la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora destinada a dotar al Estado de herramientas legales específicas para actuar sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, favorezcan situaciones de inseguridad.
El proyecto establece un régimen administrativo y judicial que permitirá intervenir de manera rápida, coordinada y proporcional sobre propiedades utilizadas como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.
La iniciativa también contempla acciones sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen riesgos para la convivencia ciudadana.
Intervención temprana y medidas preventivas
La propuesta prevé un procedimiento de intervención temprana basado en actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas para determinar la situación de cada inmueble.
Entre las medidas preventivas que podrán aplicarse se encuentran el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia y aseguramiento de las propiedades, siempre bajo el respeto del debido proceso y de las competencias judiciales vigentes.
Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en investigaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la encargada de disponer medidas de mayor alcance.
Entre ellas se incluyen desalojos, la demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas y la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos.
Fondos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico
El proyecto también incorpora un esquema específico para la administración de bienes decomisados y recursos provenientes de causas vinculadas al narcotráfico.
Según la iniciativa, el 60 por ciento de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
El 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje integral del narcotráfico en la provincia.
Nuevos organismos de coordinación
La propuesta contempla además la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos.
Estos organismos tendrán la función de coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas de toda la provincia.
La iniciativa deberá avanzar ahora en su tratamiento legislativo para convertirse en ley y comenzar a aplicarse en el territorio cordobés.
